Singapur: ¿Control a las noticias falsas o a la libertad de expresión?

Grupos de activistas de derechos, periodistas y empresas de tecnología han manifestado su malestar frente a la nueva ley de Singapur que multaría tanto a las empresas digitales dueñas de redes sociales y a civiles, por compartir información falsa en plataformas de comunicación online, sean privadas o públicas.

Esto sanciona la difusión de toda aquella información que el gobierno considere de interés público. Por lo que uno de los mayores cuestionamientos a esta ley, es el control que se busca tener sobre los chats privados. Lo cual no sólo quebrantaría el derecho a la privacidad de las personas, sino que obligaría a las compañías de mensajería como Whatsapp o Telegram, quebrantar su cifrado para controlar los mensajes que se comparten en las conversaciones de sus usuarios.

Falsedades y Manipulación en Línea

Esta ley, permite que el sea el gobierno quien determine qué información es falsa o verdadera. Y también, la gama de opciones relativas al interés público. Siendo los ministros quienes categorizan la información, identificando la información falsa o peligrosa para la sociedad.

Con ello, las personas que quebranten la ley, mediante la publicación y/o envío de hagan declaraciones falsas, ya sea en sus chats privados o en sus “muros” sociales, podrán ser multadas y/o encarceladas con hasta cinco años de prisión.

Esta ley nace  como un intento de frenar la influencia de las noticias falsas tanto en elecciones como en temas de validación política. Castigando también, la creación de cuentas falsas y el uso de bots en redes sociales o sitios webs. Sin embargo, aún hay muchos puntos grises en el escrito.

¿Verdadero o falso?

El principal obstáculo que enfrenta esta legislación, se refiere a la regulación y definición de lo que es efectivamente falso, de interés público y sobretodo en quienes están facultados para decidir eso. Instituciones como Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas han recalcado lo peligrosa que es esta normativa.

En un comunicado, estas organizaciones señalan que la ley no proporciona ninguna definición real acerca de lo que es para el gobierno una declaración falsa, ni lo que es interés público. Por lo que temen sufrir fuertes restricciones en las libertades individuales, y la libertad de prensa. Sobre todo con los antecedentes del país, que ya ha enfrentado casos de censura.

Este intento por regular los discursos de odio y fake news, ha levantado fuertes dudas respecto a lo realista que puede ser una ley de regulación en Internet. Al respecto, los gobiernos de Francia y Nueva Zelanda, se reunirán con los CEO de las grandes empresas digitales, para buscar soluciones equilibradas respecto a la libertad de expresión, y difusión de contenido dañino.

Todo esto, bajo la discusión normativa respecto a la responsabilidad social de las plataformas digitales y redes sociales.